sábado, 28 de enero de 2012

JUEZA ORDENA CAPTURA DE EDGAR NAOLA ORDOÑEZ Y HERMANA



  • POR NO ASISTIR A LECTURA DE SENTENCIA POR DIFAMACIÓN AGRAVADA.


  • JULIO CESAR CASTIGLIONI DENUNCIADO ANTE EL CAL POR LEGULEYADAS DILATORIAS.

El pseudo periodista Edgard Naola Ordoñez, director del semanario de publirreportajes encubiertos y pagados por los alcaldes, Polémica Municipal, está con Orden de Captura. Está No Habido, en la Clandestinidad desde antes de la Navidad pasada. Desde el 22 de diciembre del 2011 es buscado por la Policía de Requisitorias, para ser llevado de grado o fuerza al 11 Juzgado Penal de Lima. Inclusive, su hermana, Gloria Naola Ordoñez, que funge como dueña de la empresa editora Plus Comunicación Integral EIRL, está involucrada en este juicio por Difamación Agravada en contra del arquitecto Pedro Martínez Valera, director del Periódico de Investigación Municipal APERTURA y presidente de la Asociación APERTURA SAN BORJA. Siendo la Reparación Civil solicitada de cien mil dólares americanos.

Lo más censurable es que el abogado que viene mal asesorándolos a ambos querellados, es el llamado experto municipalista, como Marco Tulio Gutiérrez, Julio César Castiglioni Ghiglino. ¿Esto lo sabrá el diario EL COMERCIO? , que tiene como consultor y especialista al tal Castiglioni, que defiende a presuntos difamadores a sueldo y por encargo de alcaldes.


Sabrá EL COMERCIO y también, Aldo Mariátegui, director de CORREO, que Julio César Castiglioni, para impedir que su cliente difamador sea sentenciado, no sólo presenta Nulidades sin sustento, recursos dilatorios, sino también hasta ha quejado ante la OCMA a una jueza proba, como lo es la titular del 11 Juzgado Penal de Lima.

Y no solo eso, el tal municipalista Julio César Castiglioni, se vale de una joven abogada de su llamado Estudio Legal sanborjino que comparte con su hermano también abogado - y que está en juicio también por no desocupar la casa donde vive y trabaja- para que él no figure ante el Poder Judicial. Es más acaba de interponer nada menos que un Recurso de Habeas Corpus, el cual ha sido declarado improcedente, agravando la situación de su cliente Edgar Naola Ordoñez. El llamado director del semanario donde todos los alcaldes pagan, con dinero de los vecinos, para aparecer como buenos y eficientes. En ese mismo semanario, claro está, tiene su columna legal, su abogado defensor Julio César Castiglioni Ghiglino. Y donde no figura dirección de su Estudio Legal, porque éste no tiene permiso de la Municipalidad de San Borja para funcionar.

La justicia tarda pero llega. Y expertos municipalistas que se alquilan y contratan segùn el bolsillo del cliente, como Julio César Castiglioni Ghiglino, sabrán mucho de leyes y leguleyadas dilatorias, pero nada de Derecho. Se presentan como moralizadores y exigen eficiencia, pero lo cierto es que defienden y denuncian a quien les paga más. Poco importa la ética y la moral. Julio César Castiglioni Ghiglino como Marco Tulio Gutiérrez comparten el haber y seguir defendiendo a alcaldes denunciados por graves actos de corrupción. Ellos saben cómo lograr la impunidad, dilatando y haciendo que prescriban los procesos penales a alcaldes sindicados como corruptos.

Con este proceso por Difamación Agravada, Castiglioni le lleva la delantera a Gutiérrez, ahora también el especialista y consultor de EL COMERCIO y CORREO, defiende a pseudo periodistas difamadores, como Edgar Naola Ordoñez de POLEMICA MUNICIPAL, que cobra a los alcaldes para publicar que no son corruptos. Y de yapa Julio César Castiglioni, agarra una asesoría legal. Que tal dupla. Pronto los veremos en el 11 Juzgado Penal uno enmarrocado por haber sido capturado y el otro con terno y corbata , con cara de consultor de EL COMERCIO y CORREO. Qué vergüenza.



Pedro Martínez Valera, Arq.


CAP 3083 DNI 08197653


Director de GCM APERTURA






martes, 16 de noviembre de 2010

ABOGADO JULIO CÉSAR CASTIGLIONI ES DENUNCIADO POR DIARIO 'LA RAZÓN' SEGÚN INVESTIGACIÓN DE MENSUARIO 'APERTURA'




El abogado Julio César Castiglioni, conocido en el gremio de letrados por autopromoverse como futuro integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y recientemente acusado de haber cobrado honorarios a la Municipalidad de San Borja por 233.000 soles sin haber mediado para su contrato el concurso de selección, ha sumado otra grave denuncia, la de presuntamente realizar tráfico de influencias en el máximo organismo electoral.

Esta nueva grave denuncia ha sido hecha por el ciudadano Jorge Antonio García Sono ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, donde sostiene que el abogado Castiglioni se comprometió a cambio de 1.000 soles a conseguir que el JNE rechace el pedido de vacancia a su condición de regidor en la Municipalidad Provincial de Huaura, lo cual iba a estar facilitado por su amistad con cuatro integrantes del colegiado del JNE.

La Comisión de Protección al Consumidor (CPC), presidida por Fernando Cillóniz, abrió un proceso de investigación y constató que la conducta de Castiglioni no tenía una relación de consumo y que la infracción que se le atribuye no está relacionada con la infracción propia de actos de consumo de productos, sino más estaba referida a un ilícito penal, por lo que resolvió declararla improcedente.

Los magistrados del Indecopi en atención a la existencia de un ilícito penal resolvieron derivar la denuncia al Colegio de Abogados (CAL), donde la directiva actual ha procedido a denunciarlo ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y usurpación de títulos y honores, contra la función jurisdiccional, entre otros.

Los magistrados fundamentaron su decisión invocando el artículo 400 del Código Penal, que a la letra dice: “El que invocando influencias reales o simuladas, recibe o hace dar o prometer donativos, promesa o ventaja, con el ofrecimiento de interceder ante un servidor o funcionario público, que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

El fallo de Indecopi está suscrito, además de Cillóniz, por los siguientes comisionados: Juan Luis Daly, Uriel García, Mercedes García Belaunde y Alonso Morales

A las denuncias contra Castiglioni por los presuntos delitos de cobro ilegal de honorarios y tráfico de influencias se añade una tercera planteada por la empresa Representaciones y Servicios Empresariales Reyse 92 S.A., por los delitos de estafa, contra la función jurisdiccional y falsificación de documentos.

Publicado por diario La Razón (16/11/2010)

lunes, 15 de noviembre de 2010

PERSONALÍSIMA 'COMISIÓN': DIARIO 'LA RAZÓN' PUBLICA DENUNCIA DE MENSUARIO 'APERTURA' CONTRA ABOGADO JULIO CÉSAR CASTIGLIONI


El abogado Julio César Castiglioni Ghilino, quien se autoproclama como próximo magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se encuentra denunciado por la Oficina de Control Interno (OCI) de la Municipalidad de San Borja, por haber cobrado ilegalmente una suma cercana al medio millón de dólares por concepto de honorarios profesionales, sin haber mediado para su contratación los correspondientes concursos legales de selección.


Castiglioni, además de esta denuncia, tiene otros juicios abiertos en el Poder Judicial. La primera ha sido presentada por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la segunda por Representaciones y Servicios Empresariales Reyse 92 S.A., ambas por los presuntos delitos de concusión, estafa, usurpación de títulos y honores, delito contra la función jurisdiccional y falsificación de documentos.


Según la denuncia formulada por la OCI de San Borja ante el Ministerio Público, Castiglioni fue beneficiado con un contrato de servicios personalísimos, con fecha 15 de abril del 2003, carente de las correspondientes bases administrativas, para hacerse cargo por espacio de ocho meses de la carga procesal acumulada de 110 expedientes.


Pero sucede que este contrato de servicios personalísimos constituyó una estratagema del alcalde Alberto Tejada Noriega para beneficiar a Castiglioni y burlar la ley, en vista de que el primer concurso de adjudicación directa fue anulado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), por no haberse cumplido con el requisito previo de convocar a Propyme, lo cual es causal de nulidad... (ver más cliqueando la imagen)

Publicado por La Razón (15/11/2010)

MULTAS QUE PAGARÁN MALOS PEATONES