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martes, 16 de noviembre de 2010

ABOGADO JULIO CÉSAR CASTIGLIONI ES DENUNCIADO POR DIARIO 'LA RAZÓN' SEGÚN INVESTIGACIÓN DE MENSUARIO 'APERTURA'




El abogado Julio César Castiglioni, conocido en el gremio de letrados por autopromoverse como futuro integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y recientemente acusado de haber cobrado honorarios a la Municipalidad de San Borja por 233.000 soles sin haber mediado para su contrato el concurso de selección, ha sumado otra grave denuncia, la de presuntamente realizar tráfico de influencias en el máximo organismo electoral.

Esta nueva grave denuncia ha sido hecha por el ciudadano Jorge Antonio García Sono ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, donde sostiene que el abogado Castiglioni se comprometió a cambio de 1.000 soles a conseguir que el JNE rechace el pedido de vacancia a su condición de regidor en la Municipalidad Provincial de Huaura, lo cual iba a estar facilitado por su amistad con cuatro integrantes del colegiado del JNE.

La Comisión de Protección al Consumidor (CPC), presidida por Fernando Cillóniz, abrió un proceso de investigación y constató que la conducta de Castiglioni no tenía una relación de consumo y que la infracción que se le atribuye no está relacionada con la infracción propia de actos de consumo de productos, sino más estaba referida a un ilícito penal, por lo que resolvió declararla improcedente.

Los magistrados del Indecopi en atención a la existencia de un ilícito penal resolvieron derivar la denuncia al Colegio de Abogados (CAL), donde la directiva actual ha procedido a denunciarlo ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y usurpación de títulos y honores, contra la función jurisdiccional, entre otros.

Los magistrados fundamentaron su decisión invocando el artículo 400 del Código Penal, que a la letra dice: “El que invocando influencias reales o simuladas, recibe o hace dar o prometer donativos, promesa o ventaja, con el ofrecimiento de interceder ante un servidor o funcionario público, que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

El fallo de Indecopi está suscrito, además de Cillóniz, por los siguientes comisionados: Juan Luis Daly, Uriel García, Mercedes García Belaunde y Alonso Morales

A las denuncias contra Castiglioni por los presuntos delitos de cobro ilegal de honorarios y tráfico de influencias se añade una tercera planteada por la empresa Representaciones y Servicios Empresariales Reyse 92 S.A., por los delitos de estafa, contra la función jurisdiccional y falsificación de documentos.

Publicado por diario La Razón (16/11/2010)

lunes, 15 de noviembre de 2010

PERSONALÍSIMA 'COMISIÓN': DIARIO 'LA RAZÓN' PUBLICA DENUNCIA DE MENSUARIO 'APERTURA' CONTRA ABOGADO JULIO CÉSAR CASTIGLIONI


El abogado Julio César Castiglioni Ghilino, quien se autoproclama como próximo magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se encuentra denunciado por la Oficina de Control Interno (OCI) de la Municipalidad de San Borja, por haber cobrado ilegalmente una suma cercana al medio millón de dólares por concepto de honorarios profesionales, sin haber mediado para su contratación los correspondientes concursos legales de selección.


Castiglioni, además de esta denuncia, tiene otros juicios abiertos en el Poder Judicial. La primera ha sido presentada por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la segunda por Representaciones y Servicios Empresariales Reyse 92 S.A., ambas por los presuntos delitos de concusión, estafa, usurpación de títulos y honores, delito contra la función jurisdiccional y falsificación de documentos.


Según la denuncia formulada por la OCI de San Borja ante el Ministerio Público, Castiglioni fue beneficiado con un contrato de servicios personalísimos, con fecha 15 de abril del 2003, carente de las correspondientes bases administrativas, para hacerse cargo por espacio de ocho meses de la carga procesal acumulada de 110 expedientes.


Pero sucede que este contrato de servicios personalísimos constituyó una estratagema del alcalde Alberto Tejada Noriega para beneficiar a Castiglioni y burlar la ley, en vista de que el primer concurso de adjudicación directa fue anulado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), por no haberse cumplido con el requisito previo de convocar a Propyme, lo cual es causal de nulidad... (ver más cliqueando la imagen)

Publicado por La Razón (15/11/2010)

lunes, 22 de marzo de 2010

PARTIDOS FANTASMA

Locales partidarios cerrados, candidaturas que no son fruto de elecciones internas y un festín de puestos en listas municipales. Eso es lo que encontramos al echar un vistazo sobre dos de los 23 partidos de alcance nacional registrados ante el JNE. A siete meses de los comicios ediles y regionales, los dueños de los logos Siempre Unidos y Cambio Radical admiten la informalidad y escasa legalidad de sus aventuras electorales.

Por Ghiovani Hinojosa

“Somos el partido más pequeño del mundo: Jaime, Enrique (Ghersi) y yo”. José Barba Caballero

Desde que una agitada voz femenina al otro lado del teléfono nos informa que estamos llamando al Instituto Materno-Infantil Rosa de Lima, sospechamos que algo anda mal. No podía ser este el local central de “Siempre Unidos”, el partido político presidido por el alcalde de Los Olivos, el exitoso ginecólogo ancashino Felipe Castillo Alfaro. No era lógico suponer que en este lugar de camillas, madres gestantes y arrorrós íbamos a encontrar militantes preocupados, rodeados de documentos partidarios, debatiendo las soluciones a los problemas urgentes del país. En efecto, una experiencia in situ nos demostró que la política peruana puede ser una ficción: la clínica ubicada en la avenida El Trébol 7136, en el distrito olivense, que figura en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como el domicilio legal de “Siempre Unidos”, no solo es el centro de labores de este burgomaestre, sino que también es su casa.

El periodista y vecino de Comas Marco Antonio Carmona asegura que es sabido por todos en la zona que Felipe Castillo despacha varios trámites municipales desde su vivienda y que esta funge además de fachada formal de su agrupación. La identidad de los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional abona a favor del carácter falso de su partido: la secretaria general nacional, Yolanda Rázuri Vega de Castillo, es su esposa; la secretaria nacional de Relaciones y Cooperación Nacional, Nelly Cannata Razuri, es la prima hermana de esta; el secretario nacional de Organización de Base, José Oliva Guevara, es su ex cuñado y ex teniente alcalde de Los Olivos; y el secretario nacional de Economía y Finanzas, Richard Mendoza Damián, es familiar de su regidor Luis Manuel Gómez. Esto fue corroborado por Felipe Vidal Colchado, quien fue regidor de Castillo por 11 años y renunció el 2006 a “Siempre Unidos” porque “Felipe era el uno, el dos y el tres; decidía todo en el partido”. Como se ve, se trata de un caudillo con gran poder edil –lleva 14 años como alcalde– que ha involucrado a su familia y sus allegados en una aventura rentabilísima: lograr la inscripción de una organización política nacional que, sin tener una vida partidaria real, pueda servir como plataforma electoral para la candidatura de un huérfano de partido metropolitano como Alex Kouri.

Según el artículo 8 de la Ley de Partidos Políticos, todo grupo que desee inscribirse como agrupación de alcance nacional debe presentar, entre otros requisitos, las actas de constitución de, por lo menos, 65 comités provinciales distribuidos en 16 regiones, cada una con un mínimo de 50 afiliados firmantes. El periodista Carmona narra un indicio que ayuda a comprender cómo “Siempre Unidos” habría cumplido esta exigencia el 2002: “En los centros poblados de Santa Rosa de Quives (Canta), vi a algunas personas equis prestar sus casas, se pintaba el logo de comité provincial en ellas, y se acabó”.

Y es que la agrupación del alcalde de Los Olivos parece no tener un trabajo partidario real al interior del Perú: es especialmente elocuente que hoy solo tengan cerca de 15 autoridades electas en el departamento de Lima y una que otra en Ayacucho y Puno. Felipe Vidal afirma sobre el presente: “Todos los comités provinciales que yo formé para inscribir el partido no funcionan”. Para verificarlo, solicitamos a Felipe Castillo detalles sobre sus comités provinciales. Su respuesta delata el fiasco que es “Siempre Unidos”: “No tenemos un inventario de nuestros locales partidarios en todo el país –lo estamos elaborando– porque muchos militantes han renunciado y otros se han incorporado”.

El lujo de tener personal

–Puse como dirección legal del partido mi casa y clínica pequeña para que no pierda las correspondencias, porque, hay que reconocerlo, en el local partidario a veces no hay personal ni secretaria (se refiere al edificio de Angélica Gamarra 651, Los Olivos, que indica como el verdadero bastión de su organización).

–Nosotros hemos visitado también el local de Angélica Gamarra y luce vacío, nadie respondió nuestro llamado, ¿en qué momento del día hay actividad partidaria allí?

–Mentiría si dijera que todos los días. Para eso necesitaríamos dinero. Los que hacemos política no podemos darnos el lujo de tener personal permanente. Usamos el local para pequeñas tertulias eventuales en las que analizamos la realidad del país.

¡Compre, compre su regiduría!

El gancho para jalar gente fue una campaña médica gratuita. En el populoso barrio de Collique, Comas, Felipe Castillo consiguió aglutinar –el domingo 28 de febrero de este año– a decenas de pobladores en un mitin en el que presentó a ocho virtuales candidatos de su partido a las alcaldías distritales de Lima Norte. También estuvo en la jornada Alex Kouri, quien con sus frases y gestos dejó claro que la posibilidad de postular a Lima por “Siempre Unidos” es cada vez más real. “Desde el punto de vista legal todos son precandidatos, incluyéndome a mí, ya que debemos pasar por el ciclo de elección interna, que puede ser una formalidad, porque el liderazgo de cada quien en su sector es claro”, es el comentario inaudito de Castillo. Para él, la democracia interna parece consistir en firmar papeles que legitimen jurídicamente sus decisiones personales.

Pero el nivel de degradación política de “Siempre Unidos” habría tocado fondo. El médico Nicolás Kusunoki –“Dr. Nico”–, candidato por Comas, ha sido acusado por empresarios del distrito de negociar las regidurías para las elecciones de octubre próximo. Javier Carrasco, actual regidor y dueño de una cadena de farmacias, habla por primera vez ante la prensa sobre su impase con este político en los comicios pasados. “Me pidió 30 mil dólares para financiar la campaña y candidatear como teniente alcalde. Como yo no tenía dinero, ofrecí apoyarlo logísticamente. Entonces, él me propuso que le diera 1,500 soles mensuales. Así ocurrió desde enero del 2005 hasta mayo del 2006. Pero cuando ya se acercaban las elecciones, me dijo que me iba a bajar al número dos de la lista porque había llegado otro empresario con 30 mil dólares que iba a ocupar mi lugar”, revela. Consultado por esta revista, Kusunoki niega esta acusación y asegura que tanto Carrasco como el resto de regidores de la actual administración buscan liquidar su candidatura. Líos propios de un partido fachada.

Cambio Radical, muerte natural

José Barba Caballero, presidente del partido político Cambio Radical, reconoce que mantuvo su registro, a pesar de no haber participado en los comicios del 2006, por la alianza que firmó con Unidad Nacional y que le permitió sobrevivir. “Somos por ahora el partido más pequeño del mundo y el que tiene la ideología más breve: ‘todo lo que funciona está bien, todo lo que no funciona está mal’. Eso es pragmatismo”, explica orondo. Además, afirma que su agrupación tiene un promedio de 400 afiliados –en contradicción con la frase que abre esta nota–. Julio César Castiglioni, experto en temas electorales y ex militante pepecista, asegura que Cambio Radical solo tiene cuatro afiliados: Barba, su esposa, Gustavo Sierra y Martín del Pomar. Para peor, el domicilio legal de este partido que figura en el JNE –calle Los Jazmines 405, Lince– es hoy el consultorio privado de una gastroenteróloga.

–El 98% de partidos políticos, con excepción del Apra, no tiene estructura nacional. Son movimientos electoreros ‘letrero’ que abren sus locales básicamente en campaña. Incluyendo el mío.

–¿No está siendo cínico? ¿Acaso esta situación no le hace daño a la democracia del país?

-Decir la verdad no tiene nada que ver con el cinismo. Yo dije desde el principio lo que éramos. Cambio Radical se está poniendo a tono ahora con las nuevas circunstancias para que sea un buen vehículo para un candidato presidencial, que probablemente sea Jaime Bayly. Y si él no se anima, va a ser difícil que participemos en las elecciones. El partido tendría muerte natural el 2011.

Acabó la función

Estos dos casos son solo una muestra de la informalidad que rodea a los partidos políticos en nuestro país hoy; pero no son los únicos. Según la ley electoral, estas organizaciones están llamadas a defender los derechos humanos, velar por la democracia y canalizar la opinión pública. Nada más alejado de la realidad. Los ciudadanos somos cómplices del “circo” en el que se torna la política cada vez que hay elecciones y que votamos con las vísceras o el hígado. Mientras las personas de a pie no tomemos la realidad por las astas, los fantasmas partidarios seguirán pululando.

Una ley electoral defectuosa

Los sociólogos Fernando Tuesta y Carlos Reyna señalan los principales errores de la Ley de Partidos Políticos (2003):

1 No dispone explícitamente que el JNE supervise el funcionamiento del local partidario y los comités provinciales (según Tuesta, este organismo electoral tiene una interpretación laxa de la norma; podría fiscalizar si hubiera voluntad política).

2 Asume que las 146 mil firmas solicitadas para el registro demuestran la existencia de una masa militante, cuando se sabe que existen ‘services’ que falsifican rúbricas por 0.30 céntimos en las afueras de la Onpe y el JNE.

3 Limita el rol de la Onpe a dar asistencia técnica opcional en las elecciones internas; así, esta institución no tiene capacidad fiscalizadora ni sancionadora.

¿A quién le corresponde revertir esta situación? Directamente al Congreso, que debería promover una reforma de la ley; pero también a los partidos políticos y a los ciudadanos que a veces nos olvidamos de que tenemos capacidad de propuesta legislativa.


Publica: La revista de La República - Domingo (14/03/2010)

lunes, 9 de junio de 2008

¿Dos abogados cobraron por el mismo trabajo?

Abogado Julio Castglioni Ghiglino se benefició con irregular “Contrato Personalísimo”
¿Dos abogados cobraron por el mismo trabajo?
Los mismos 80 expedientes también los ‘vio’ el abogado Fredy Cruces Arana

Un revelador Informe de 65 páginas emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica a mediados de 2003, cuando recién se instalaba la Procuraduría Municipal de San Borja, nos demuestra como el caso de las presuntas irregularidades del abogado Julio César Castiglioni Ghiglino, no tiene cuando llegar a su fin. Y todo esto, con el consentimiento del médico Alberto Tejada Noriega, alcalde de la Municipalidad de San Borja. El abogado Castiglioni gozaba de un jugoso sueldo de S/.15,000.00 mensuales, como producto de un lesivo contrato por “Servicios Personalísimos”, que luego el Órgano de Control Institucional (OCI) de San Borja, cuestionó a través del Informe Especial Nº002-2005-2-2695 de 2005. Nuevos documentos que obran en poder de Apertura revelarían otro escándalo: Julio Castiglioni había cobrado por el mismo trabajo que también realizaba el abogado, Fredy Cruces Arana.


LOS EXPEDIENTES SECRETOS
Según información confidencial, a mediados de 2003 se le encargó al abogado Julio Castiglioni, la cantidad de 83 expedientes judiciales, tanto en materia civil, penal, laboral, contencioso administrativo o en juzgados de paz letrados. Todos correspondientes a la carga procesal que tenía acumulada la Municipalidad de San Borja y que provenía de las gestiones de los anteriores alcaldes Jorge Lermo Rengifo y María Luisa Cuculiza Torre (ver cuadro). Sin embargo, grande fue nuestra sorpresa al comprobar que los mismos 83 expedientes, también le fueron confiados al abogado Fredy Cruces Arana, con la diferencia que este último, llevó cuatro expedientes más de carácter constitucional como Acciones de Amparo o Medidas Cautelares. Es decir, Castiglioni tenía el privilegio de litigar en el caso de 83 expedientes por un contrato de “Servicios Personalísimos”, pero también el abogado Cruces Arana, formalmente lo hacía por 87 expedientes, pero con un sueldo menor.

La Municipalidad de San Borja habría pagado a dos abogados diferentes, por el mismo trabajo desarrollado, cuya carga laboral consistía en 83 expedientes que se encontraban en diferentes instancias del Poder Judicial. Veamos algunos casos concretos: 1) En la Sala Constitucional y Social estaba el Expediente 79-2003 cuya demanda fue presentada por Telefónica del Perú, solicitando la invalidez de la Resolución de Concejo Nº 327 del 2001. Este mismo caso, con la misma sumilla y con las mismas acciones realizadas por el abogado Fredy Cruces Arana aparece en la página 30 de su Informe, también lo consigna en la página 27 de su Informe, el abogado Julio Castiglioni. 2) En la página 3 correspondiente al Informe, el abogado Julio Castiglioni aparece el Expediente 0152–98, del inculpado, el ex–alcalde Hugo Sánchez Solari, por los delitos Contra la Administración Pública–Violencia y Resistencia a la Autoridad, pero curiosamente también en la página 3 correspondiente al Informe de la labor del abogado Fredy Cruces Arana, aparece el mismo Expediente, con las mismas diligencias judiciales desarrolladas. 3) En la página 18 del Informe que da cuenta de los expedientes seguidos por el abogado Julio Castiglioni aparece el Expediente 66-2003–AA, fruto de un Recurso de Amparo presentado por la empresa BMP Ingenieros S.A., la que solicita se declare improcedente el nuevo cálculo de los arbitrios del 2003. La misma diligencia judicial que señala textualmente, que “se nombró abogados mediante Resolución de Vista de fecha 17–07–03” aparece literalmente igual que el informe correspondiente al abogado Fredy Cruces Arana, en la página 17. En los dos casos, el expediente se encontraba en la Sexta Sala Civil de Lima. Así, como estos tres ejemplos, podemos encontrar decenas en el Informe de Asesoría Jurídica del 2003.

La pregunta que fluye de este caso es, ¿quién era el abogado que realmente trabajaba? ¿Julio César Castiglioni y Fredy Cruces Arana compartían dolosamente los mismos expedientes? Lo que sí está confirmado, es que los dos pasaban puntual por caja, para cobrar sus cheques por la misma labor desarrollada.

UNO DE LOS MÁS DE 80 EXPEDIENTES OTORGADO AL ABOGADO JULIO CASTIGLIONI GHIGLINO

UNO DE LOS MÁS DE 80 EXPEDIENTES OTORGADO AL ABOGADO FREDY CRUCES ARANA


¡COBRABAN EN EL 2003 POR PROCESOS JUDICIALES ARCHIVADOS EN EL 2002!
El revelador Informe sobre el seguimiento de los expedientes de la Municipalidad de San Borja en diferentes dependencias del Estado, muestra de manera categórica, como desde el 2003, algunos abogados hacían lo que les daba la gana, con el consentimiento del alcalde y de los sumisos regidores.

Por eso Julio Castiglioni se habría dado el lujo de cobrar por diligencias hechas por casos que ya habían sido archivados hace un año atrás. Es decir, no hicieron nada. Y para muestra sólo un botón. En la página 12 del Informe de la ´agotadora labor’ del abogado Julio Castiglioni, consta la diligencia ante el Sexagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima (Expediente 4138–01–AA) que daba cuenta del estado de una Medida Cautelar contra la Municipalidad de San Borja, de parte del ciudadano Flavio Silva Ubaldo. El caso es que dicho juzgado ya había archivado definitivamente la demanda con fecha 4 de noviembre de 2002. Se supone que si la municipalidad había sido notificada por escrito en noviembre el 2002, ¿qué sentido tenía acudir nuevamente a ese juzgado cuando la causa de fondo estaba en otra dependencia judicial? Como éste caso encontramos cerca de 15 expedientes, que por lo demás podrían ser vistos por el personal nombrado o contratado por la Gerencia de Asesoría Jurídica de la municipalidad sanborjina, y no por asesores externos. Inclusive, este mismo caso, figura en la labor desarrollada por el abogado Fredy Cruces Arana.

Una vez más se revela porque la Municipalidad de San Borja se niega a entregar los resultados del Examen Especial denominado “Examen Especial sobre las Exoneraciones a los Procesos de Selección, periodo 2003 – 2004”. A estas alturas ese documento contendría, los ilícitos penales que habrían cometido algunos malos abogados en perjuicio de la Municipalidad de San Borja. A todo esto, ¿que dirán los abogados de Julio Castiglioni Ghiglino y Fredy Cruces Arana? El primero se sigue resistiendo a ser entrevistado por Apertura.

Algo curioso que destacar, es que en estas irregulares adjudicaciones directas, se presentó como ‘postora’ la abogada Katia Alzamora Chamorro, quien obtuvo 78.04 puntos, quedando en tercer y último lugar. La profesional en mención, es nada menos que hija de Doris Chamorro de Alzamora, quien se presentó a la alcaldía en el 2002, criticando fuertemente al entonces candidato Alberto Tejada Noriega, quien ya como alcalde, luego la hija de su opositora Doris Chamorro, le pidió trabajo (ver cuadro adjunto).