viernes, 26 de febrero de 2010
jueves, 25 de febrero de 2010
MUNICIPIO BENEFICIÓ A RELIMA
La negociación del pago de los S/.36 millones que la Municipalidad de Lima le adeudaba desde hacía varios años a Relima no fue lo único que estas entidades negociaron en el 2005. Paralelamente, mientras ello ocurría, ambas partes acordaban las mejores condiciones para renovar el contrato por el servicio de limpieza que había empezado el 25 de octubre de 1995 y que, 10 años después, estaba por fenecer.
En las dos negociaciones tuvo una participación estelar Miguel Garro Barrera, entonces gerente financiero de Relima y operador de la empresa Comunicore. El otro protagonista fue Carlos Chávez Málaga, gerente administrativo edil y hombre de máxima confianza del alcalde Luis Castañeda Lossio. A ambos los une la amistad, pero, sobre todo, un vínculo laboral en una compañía de Garro llamada CSI Perú Logística SAC.
Todo indica que la renovación del contrato con Relima tenía que realizarse a como diera lugar cuando, en febrero de 2005, el alcalde Castañeda recibió la propuesta de esa empresa para firmar un nuevo acuerdo contractual. Pese a que el plazo culminaba el 25 de octubre de ese año, y que recién a partir de esa fecha debía evaluarse el desempeño de la compañía antes de pensar en una renovación, las partes obviaron este detalle y adelantaron la firma para el 4 de agosto. Así, el vínculo Municipalidad de Lima-Relima se amplió por una década más.
Algo hizo que Relima se viera favorecida de ese modo, a pesar de que dicha empresa no habría cumplido con sus obligaciones. Según un informe de la Oficina de Control Interno del municipio del año 2007, la transnacional incumplió, básicamente, con dos obligaciones: no renovó las cartas fianza de los años 2002 al 2005 y no adquirió los equipos y camiones nuevos a los que se comprometió en 1995.
CONTROL INTERNO. Según este documento, “el contrato… fue renovado sin que haya culminado, a pesar de existir incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del concesionario, los mismos que no fueron exigidos previamente por la municipalidad”.
Según Control Interno, el caso empezó a gestarse el 9 de febrero de 2005, día en que Castañeda recibió la Carta Nº 115 de Relima, en la que esta le planteaba la renovación.
El burgomaestre le trasladó la carta al entonces gerente municipal y aún hombre clave de su equipo edil, Ángel Pérez Rodas, y este, a su vez, le encargó el asunto al gerente administrativo Carlos Chávez Málaga, amigo de Miguel Garro.
Como se ha referido, el nuevo contrato se firmó el 4 de agosto de 2005. Simultáneamente, por aquellos días, la comuna y Relima también estaban en conversaciones para reprogramar el pago de la deuda, en un plazo de 10 años, a través de un cronograma muy beneficioso para el municipio.
¿Coincidencias? Es algo que está por verse. El hecho es que, gracias a los buenos oficios de los protagonistas de esta historia, y pese a la oposición puesta de manifiesto por la Oficina de Asesoría Legal de la municipalidad, el nuevo convenio le ha permitido a Relima recibir de la comuna S/.57 millones anuales, según cifras de Transparencia Económica del MEF.
Hasta el momento, ninguna autoridad metropolitana ni algún ejecutivo de Relima ha dicho esta boca es mía.
Publica: Perú.21 (25/02/2010)
En las dos negociaciones tuvo una participación estelar Miguel Garro Barrera, entonces gerente financiero de Relima y operador de la empresa Comunicore. El otro protagonista fue Carlos Chávez Málaga, gerente administrativo edil y hombre de máxima confianza del alcalde Luis Castañeda Lossio. A ambos los une la amistad, pero, sobre todo, un vínculo laboral en una compañía de Garro llamada CSI Perú Logística SAC.
Todo indica que la renovación del contrato con Relima tenía que realizarse a como diera lugar cuando, en febrero de 2005, el alcalde Castañeda recibió la propuesta de esa empresa para firmar un nuevo acuerdo contractual. Pese a que el plazo culminaba el 25 de octubre de ese año, y que recién a partir de esa fecha debía evaluarse el desempeño de la compañía antes de pensar en una renovación, las partes obviaron este detalle y adelantaron la firma para el 4 de agosto. Así, el vínculo Municipalidad de Lima-Relima se amplió por una década más.
Algo hizo que Relima se viera favorecida de ese modo, a pesar de que dicha empresa no habría cumplido con sus obligaciones. Según un informe de la Oficina de Control Interno del municipio del año 2007, la transnacional incumplió, básicamente, con dos obligaciones: no renovó las cartas fianza de los años 2002 al 2005 y no adquirió los equipos y camiones nuevos a los que se comprometió en 1995.
CONTROL INTERNO. Según este documento, “el contrato… fue renovado sin que haya culminado, a pesar de existir incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del concesionario, los mismos que no fueron exigidos previamente por la municipalidad”.
Según Control Interno, el caso empezó a gestarse el 9 de febrero de 2005, día en que Castañeda recibió la Carta Nº 115 de Relima, en la que esta le planteaba la renovación.
El burgomaestre le trasladó la carta al entonces gerente municipal y aún hombre clave de su equipo edil, Ángel Pérez Rodas, y este, a su vez, le encargó el asunto al gerente administrativo Carlos Chávez Málaga, amigo de Miguel Garro.
Como se ha referido, el nuevo contrato se firmó el 4 de agosto de 2005. Simultáneamente, por aquellos días, la comuna y Relima también estaban en conversaciones para reprogramar el pago de la deuda, en un plazo de 10 años, a través de un cronograma muy beneficioso para el municipio.
¿Coincidencias? Es algo que está por verse. El hecho es que, gracias a los buenos oficios de los protagonistas de esta historia, y pese a la oposición puesta de manifiesto por la Oficina de Asesoría Legal de la municipalidad, el nuevo convenio le ha permitido a Relima recibir de la comuna S/.57 millones anuales, según cifras de Transparencia Económica del MEF.
Hasta el momento, ninguna autoridad metropolitana ni algún ejecutivo de Relima ha dicho esta boca es mía.
Publica: Perú.21 (25/02/2010)
miércoles, 24 de febrero de 2010
LOS VÍNCULOS ENTRE EL MUNICIPIO Y COMUNICORE
Por Daniel Yovera
Los vínculos de la empresa Comunicore, beneficiada en enero del año 2006 con el sospechoso y veloz pago de una deuda de S/.36 millones, efectuado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, no solo se limitaron a sus acuerdos privados con la transnacional Relima, que era, originalmente, la titular de la acreencia.
Nuevos documentos obtenidos por Perú.21 ponen en evidencia que los nexos de esa compañía alcanzaron a la comuna capitalina, y no precisamente a los niveles medios y bajos. Estamos en condiciones de afirmar que uno de los vínculos entre la Municipalidad de Lima y Miguel Garro Barrera, cerebro de la millonaria operación y vinculado a Comunicore, es nada menos que el gerente municipal del municipio, Carlos Chávez Málaga.
Este funcionario es inamovible en la administración metropolitana desde 2003 y hombre de máxima confianza del alcalde Luis Castañeda Lossio desde los tiempos en que este presidió el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador o, simplemente, Caja del Pescador.
En estas dos últimas instituciones, Carlos Chávez ocupó cargos gerenciales del más alto nivel. El segundo vínculo evidenciado por Perú.21 es a través del abogado Guillermo Palacios Dodero, socio de Miguel Garro Barrera y, a la vez, asesor externo de la comuna de Lima a través de su estudio, Palacios & Torrejón Abogados. Los detalles se los contamos a continuación.
EL CONTRATO. Poco más de un año después de efectuado el pago de los S/.36 millones a Comunicore, Carlos Chávez Málaga, entonces gerente administrativo del municipio, fue convocado por su amigo Miguel Garro para que asesorara a una de las empresas de este, CSI Perú Logística S.A., firma dedicada al transporte de carga aérea, terrestre y marítima, al courier y la mensajería, así como al transporte y transferencia de de valores, caudales y giros.
El caso es que, el 1 de agosto de 2007, la empresa de Garro y Chávez firmaron un contrato de locación de servicios por tiempo indeterminado, mediante el cual, el gerente de Luis Castañeda se comprometía “a prestar sus servicios de asesoría en temas administrativos a favor de CSI”. A cambio de ello, Chávez recibiría honorarios mensuales de US$3,000...
Publica: Perú.21 (24/02/2010)
MALOS OLORES CAUSAN MALESTAR EN SAN BARTOLO
Bastaron unas cuantas pruebas para confirmar el inadecuado lugar de su ubicación. La tan criticada planta de tratamiento de aguas residuales, situada en plena Plaza de Armas de San Bartolo, empezó a convertirse en un verdadero problema para los habitantes "residentes" de ese balneario capitalino. Ellos reclaman que el mal olor y el estruendoso sonido que genera su funcionamiento es insoportable.
Una de las afectadas, Anila Ramos, domiciliada en la calle Las Redes Mz F, dijo que el funcionamiento de la planta produce un olor pestilente, el cual puede ser percibido en todos los alrededores de la plaza.
"Todas las mañanas amanecemos con un olor nauseabundo, el cual llega a nuestra vivienda, que se ubica a más de 300 metros de la dichosa planta", denunció.
Los perjudicados señalaron que existe dos tipos de pobladores en ese balneario: "los que habitamos todo el año y estamos en contra de la planta y los que vienen sólo en verano, que están a favor".
ASÍ SERÁ. Correo constató que la planta de tratamiento de desagües produce un excesivo mal olor. El gerente de la empresa brasileña Coritec, Rachid Tauaf, indicó que "de todas formas se generará algo de olor".
"La planta está en una etapa de preoperación. Su operación al 100% será en 45 días; en ese lapso el olor bajará. Sin embargo, siempre habrá un pequeño olor, el cual es difícil de medir y se entiende pues no estamos trabajando con rosas", advirtió el representante de Coritec, consorcio que provee la tecnología.
Cabe recordar que Sedapal estimó que esta planta funcionaría completamente el 15 de febrero.
"Si no funciona la cerraremos"
El alcalde de San Bartolo, Jorge Barthelmess, refirió a Correo que si la planta de tratamiento no funciona adecuadamente el municipio procederá a cerrarla. "Vamos a fiscalizar su correcto funcionamiento y procederemos de acuerdo a eso", indicó. En total, son dos plantas de tratamiento que funcionarán este año en San Bartolo, cuya inversión asciende a S/.13 millones 600 mil. Un grupo de congresistas visitó ayer la planta que se construye en ese balneario del sur.
Publica: Correo (24/02/2010)
Una de las afectadas, Anila Ramos, domiciliada en la calle Las Redes Mz F, dijo que el funcionamiento de la planta produce un olor pestilente, el cual puede ser percibido en todos los alrededores de la plaza.
"Todas las mañanas amanecemos con un olor nauseabundo, el cual llega a nuestra vivienda, que se ubica a más de 300 metros de la dichosa planta", denunció.
Los perjudicados señalaron que existe dos tipos de pobladores en ese balneario: "los que habitamos todo el año y estamos en contra de la planta y los que vienen sólo en verano, que están a favor".
ASÍ SERÁ. Correo constató que la planta de tratamiento de desagües produce un excesivo mal olor. El gerente de la empresa brasileña Coritec, Rachid Tauaf, indicó que "de todas formas se generará algo de olor".
"La planta está en una etapa de preoperación. Su operación al 100% será en 45 días; en ese lapso el olor bajará. Sin embargo, siempre habrá un pequeño olor, el cual es difícil de medir y se entiende pues no estamos trabajando con rosas", advirtió el representante de Coritec, consorcio que provee la tecnología.
Cabe recordar que Sedapal estimó que esta planta funcionaría completamente el 15 de febrero.
"Si no funciona la cerraremos"
El alcalde de San Bartolo, Jorge Barthelmess, refirió a Correo que si la planta de tratamiento no funciona adecuadamente el municipio procederá a cerrarla. "Vamos a fiscalizar su correcto funcionamiento y procederemos de acuerdo a eso", indicó. En total, son dos plantas de tratamiento que funcionarán este año en San Bartolo, cuya inversión asciende a S/.13 millones 600 mil. Un grupo de congresistas visitó ayer la planta que se construye en ese balneario del sur.
Publica: Correo (24/02/2010)
jueves, 18 de febrero de 2010
PAGO DE LA DEUDA NO FUE INFORMADO
Las dudas no se han disipado en torno al caso Comunicore, por la deuda de S/.36 millones que la Municipalidad de Lima le pagó a esa pequeña empresa, en una dudosa operación, en enero de 2006.
Hace dos semanas, el 4 de febrero, la Contraloría –que ha iniciado un examen especial tras las denuncias de Perú.21– les pidió a los regidores de la época en que se efectuó el pago que señalaran si fueron informados de esa operación por la comuna. Además, les preguntó si tenían conocimiento de un saldo presupuestal del periodo 2005 (S/. 21’635,532) y si este había sido destinado a cubrir parte de los S/.35.9 millones pagados a Comunicore.
“Se ha tomado conocimiento de que mediante el Acuerdo de Concejo Nº 085, del 2 de marzo de 2006, se aprobó la utilización del saldo de la reestructuración de deudas de S/.21’635,532 (...) para el pago de gastos corrientes operativos, (y si con dicha suma) se pagó parte de la deuda que la Municipalidad de Lima tenía con la empresa Vega Upacá-Relima, operación realizada en enero de 2006”, consultó la Contraloría.
Los regidores contestaron que no sabían nada. Según el ex regidor Roberto Gordillo (PPC) y el aún concejal Germán Aparicio (Somos Perú) –con cuyas respuestas cuenta este diario–, en el acuerdo de concejo nunca se mencionó pago ni a Relima ni a Comunicore. Entonces, ¿qué motivó el interés de la Contraloría por el citado acuerdo y a qué se refiere el mismo?
EL ACUERDO. Según el texto del Acuerdo Nº 085, el municipio tenía que pagar deudas por S/.87 millones a los bancos Interbank, Wiese, de Crédito, Continental y a la Caja Metropolitana, pero solo pagó S/.65.3 millones y le quedó un saldo de S/.21’635,532, ya mencionados. Por ello, la gestión de Luis Castañeda acordó (ver facsímil) que ese dinero “se aplique a financiar el Plan de Inversiones Municipales 2006”, permitiendo, también, que fuera utilizado para el pago de gastos corrientes y operativos.
Pero, tal como respondieron los regidores a la Contraloría, el Acuerdo 085, de marzo de 2006, no contemplaba ningún pago a Relima ni menos a Comunicore. Y, en todo caso, esa decisión del concejo fue tomada 60 días después de que Comunicore recibiera el jugoso pago, materializado en enero de 2006. Incluso, para cuando se reunieron los regidores en aquella sesión del 2 de marzo, Comunicore ya había transferido los fondos al exterior y a otras cuentas en el país.
CONTRADICCIONES. Hoy, la Municipalidad de Lima dice que ese dinero nunca estuvo destinado al pago de la deuda a Relima, transferida luego, entre gallos y medianoche, a Comunicore. Lo extraño es que la administración de Castañeda informó lo contrario en diciembre de 2007, cuando la Sunat le pidió explicaciones sobre el pago a Comunicore. Según el Oficio Nº 2007-12-1595-MML, enviado el 4 de diciembre de ese año al ente tributario por el entonces gerente de Finanzas, Juan Blest –‘cerebro’ de la operación–, el pago se abonó usando tres tipos de recursos: una partida de 6’261,556 del Presupuesto 2006, un monto por S/.8’044,377 de recursos propios y los S/.21’635,532 “resultado de la reestructuración de la deuda aprobada”. En total, S/.35.9 millones.
Consultada la comuna metropolitana por tan evidente contradicción, esta vez respondió el regidor oficialista y presidente de la Comisión de Asuntos Legales del municipio, Ángel Delgado, quien indicó que “debe de haber un error... En todo caso, quien tiene que responder es Juan Blest”.
El regidor Germán Aparicio dijo, en tanto, que desconocía el documento de la Sunat. “Lógicamente, esto me genera más dudas, estas se ahondan más”, expresó.
Con esas contradicciones a la vista, ¿se decidirá ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso a citar al alcalde Luis Castañeda?
Publica: Perú.21 (18/02/2010)
Hace dos semanas, el 4 de febrero, la Contraloría –que ha iniciado un examen especial tras las denuncias de Perú.21– les pidió a los regidores de la época en que se efectuó el pago que señalaran si fueron informados de esa operación por la comuna. Además, les preguntó si tenían conocimiento de un saldo presupuestal del periodo 2005 (S/. 21’635,532) y si este había sido destinado a cubrir parte de los S/.35.9 millones pagados a Comunicore.
“Se ha tomado conocimiento de que mediante el Acuerdo de Concejo Nº 085, del 2 de marzo de 2006, se aprobó la utilización del saldo de la reestructuración de deudas de S/.21’635,532 (...) para el pago de gastos corrientes operativos, (y si con dicha suma) se pagó parte de la deuda que la Municipalidad de Lima tenía con la empresa Vega Upacá-Relima, operación realizada en enero de 2006”, consultó la Contraloría.
Los regidores contestaron que no sabían nada. Según el ex regidor Roberto Gordillo (PPC) y el aún concejal Germán Aparicio (Somos Perú) –con cuyas respuestas cuenta este diario–, en el acuerdo de concejo nunca se mencionó pago ni a Relima ni a Comunicore. Entonces, ¿qué motivó el interés de la Contraloría por el citado acuerdo y a qué se refiere el mismo?
EL ACUERDO. Según el texto del Acuerdo Nº 085, el municipio tenía que pagar deudas por S/.87 millones a los bancos Interbank, Wiese, de Crédito, Continental y a la Caja Metropolitana, pero solo pagó S/.65.3 millones y le quedó un saldo de S/.21’635,532, ya mencionados. Por ello, la gestión de Luis Castañeda acordó (ver facsímil) que ese dinero “se aplique a financiar el Plan de Inversiones Municipales 2006”, permitiendo, también, que fuera utilizado para el pago de gastos corrientes y operativos.
Pero, tal como respondieron los regidores a la Contraloría, el Acuerdo 085, de marzo de 2006, no contemplaba ningún pago a Relima ni menos a Comunicore. Y, en todo caso, esa decisión del concejo fue tomada 60 días después de que Comunicore recibiera el jugoso pago, materializado en enero de 2006. Incluso, para cuando se reunieron los regidores en aquella sesión del 2 de marzo, Comunicore ya había transferido los fondos al exterior y a otras cuentas en el país.
CONTRADICCIONES. Hoy, la Municipalidad de Lima dice que ese dinero nunca estuvo destinado al pago de la deuda a Relima, transferida luego, entre gallos y medianoche, a Comunicore. Lo extraño es que la administración de Castañeda informó lo contrario en diciembre de 2007, cuando la Sunat le pidió explicaciones sobre el pago a Comunicore. Según el Oficio Nº 2007-12-1595-MML, enviado el 4 de diciembre de ese año al ente tributario por el entonces gerente de Finanzas, Juan Blest –‘cerebro’ de la operación–, el pago se abonó usando tres tipos de recursos: una partida de 6’261,556 del Presupuesto 2006, un monto por S/.8’044,377 de recursos propios y los S/.21’635,532 “resultado de la reestructuración de la deuda aprobada”. En total, S/.35.9 millones.
Consultada la comuna metropolitana por tan evidente contradicción, esta vez respondió el regidor oficialista y presidente de la Comisión de Asuntos Legales del municipio, Ángel Delgado, quien indicó que “debe de haber un error... En todo caso, quien tiene que responder es Juan Blest”.
El regidor Germán Aparicio dijo, en tanto, que desconocía el documento de la Sunat. “Lógicamente, esto me genera más dudas, estas se ahondan más”, expresó.
Con esas contradicciones a la vista, ¿se decidirá ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso a citar al alcalde Luis Castañeda?
Publica: Perú.21 (18/02/2010)
martes, 2 de febrero de 2010
ENTRE SOLLOZOS, ALLISON RECIBIÓ CONDENA BENIGNA
Pero ni él ni su esposa estarán en la cárcel un solo día porque ya cumplieron con la pena. Se les incautó los US$50 mil que no declararon y se les prohibió volver a Estados Unidos.
Entre sollozos y palabras de arrepentimiento, el ex ministro de Vivienda del gobierno aprista, Francis Allison Oyague, y su esposa, Carla Robbiano Montes, recibieron ayer una condena de cuatro días de cárcel por los delitos de contrabando de dinero y falso testimonio, luego de que, en noviembre pasado, la pareja no declarara en la aduana del aeropuerto de Miami que transportaba la suma de 50,250 dólares en efectivo.
El juez federal que sentenció a los esposos Allison-Robbiano dispuso que estos no deberán cumplir con la condena impuesta pues ya pasaron ese tiempo en prisión.
El ex ministro y su esposa también recibieron como castigo la confiscación definitiva del dinero no declarado y el pago de una multa de 6,300 dólares, además de la prohibición expresa de ingresar a Estados Unidos durante un lapso de tres años. El juez Federico Moreno no estableció un plazo límite para que ambos paguen el dinero; pero, apenas cumplan con dicha sanción, deberán abandonar el país del norte y retornar al Perú.
Fuentes que estuvieron presentes en la audiencia judicial narraron a este diario que, antes de escuchar la sentencia del magistrado Moreno, y tras exponer los múltiples problemas familiares por los que atraviesa, Allison no pudo controlar el llanto.
Incluso, según el diario El Nuevo Herald de Miami, el acusado manifestó: “Me encuentro frente a usted avergonzado, arrepentido; le pido, por favor, que nos perdone, y le suplico que, si considera una pena privativa de la libertad, que sea yo quien vaya a la cárcel”...
Publica: Peru.21 29/01/2010
Entre sollozos y palabras de arrepentimiento, el ex ministro de Vivienda del gobierno aprista, Francis Allison Oyague, y su esposa, Carla Robbiano Montes, recibieron ayer una condena de cuatro días de cárcel por los delitos de contrabando de dinero y falso testimonio, luego de que, en noviembre pasado, la pareja no declarara en la aduana del aeropuerto de Miami que transportaba la suma de 50,250 dólares en efectivo.
El juez federal que sentenció a los esposos Allison-Robbiano dispuso que estos no deberán cumplir con la condena impuesta pues ya pasaron ese tiempo en prisión.
El ex ministro y su esposa también recibieron como castigo la confiscación definitiva del dinero no declarado y el pago de una multa de 6,300 dólares, además de la prohibición expresa de ingresar a Estados Unidos durante un lapso de tres años. El juez Federico Moreno no estableció un plazo límite para que ambos paguen el dinero; pero, apenas cumplan con dicha sanción, deberán abandonar el país del norte y retornar al Perú.
Fuentes que estuvieron presentes en la audiencia judicial narraron a este diario que, antes de escuchar la sentencia del magistrado Moreno, y tras exponer los múltiples problemas familiares por los que atraviesa, Allison no pudo controlar el llanto.
Incluso, según el diario El Nuevo Herald de Miami, el acusado manifestó: “Me encuentro frente a usted avergonzado, arrepentido; le pido, por favor, que nos perdone, y le suplico que, si considera una pena privativa de la libertad, que sea yo quien vaya a la cárcel”...
Publica: Peru.21 29/01/2010
ESPOSOS ALLISON YA PUEDEN RETORNAR DE ESTADOS UNIDOS
El ex ministro de Vivienda Francis Allison y su esposa Carla Robbiano quedaron autorizados para abandonar Estados Unidos luego de que pagaran la multa de US$6.600 impuesta el jueves último por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, explicó el abogado de la pareja Oscar Arroyave.
El letrado no precisó la fecha en que el matrimonio dejaría Estados Unidos, pero dijo que tenían planeado hacerlo lo antes posible. Trascendió que partirán el domingo.
“El señor Allison y su esposa pagaron la multa el mismo jueves, luego de la audiencia, yo tengo los recibos de pago a la corte que así lo prueban”, detalló Arroyave en entrevista con El Comercio.
El abogado recordó que el ex alcalde de Magdalena y su esposa no serán deportados de Estados Unidos y podrán viajar como cualquier otro pasajero.
No obstante, ambos quedaron prohibidos de reingresar a ese país en los próximos tres años como parte de la sentencia del juez Federico Moreno, además de la incautación de los US$50.250 que Allison y su esposa trataron de ocultar a las autoridades de la aduana del aeropuerto internacional de Miami, el pasado 5 de noviembre.
El abogado Arroyave sostuvo que le resultaba difícil de entender el trato que recibía su cliente por parte de varios políticos y medios de prensa en el Perú.
“Me sorprende cómo descalifican a Francis Allison por el hecho de haber sido abogado de la empresa BTR (Business Track),”, comentó.
Publica: El Comercio 30/01/2010
ALLISON CUENTA SU VÍA CRUCIS
Aunque la sentencia que le impuso un juez federal de Estados Unidos por no declarar que traía consigo $50,250 en efectivo fue sólo de cuatro días de cárcel, al ex ministro de Vivienda Francis Allison le tocó vivir duros momentos.
Y es que el también ex alcalde de Magdalena contó los detalles de lo que, al parecer, fue una estancia por demás tortuosa mientras estuvo detenido en una prisión de Miami.
"Estuvimos en una cárcel diseñada para quebrantar la moral de un delincuente avezado. Lo que a mí más me doblegaba era saber que mi esposa estaba padeciendo lo mismo que yo, pues estábamos en ambientes separados", manifestó en entrevista concedida al programa Enemigos íntimos.
Con la voz entrecortada, contó que en la celda que estuvo detenido "había una luz muy fuerte, con un aire acondicionado que te hacía temblar de frío y sin cama, durmiendo en el piso. Además la comida que nos daban era pésima".
Sin poder evitar derramar algunas lágrimas, el ex ministro contó que lo que más le dolía era saber que su esposa, Carla Robbiano, estaba pasando por la misma situación que él.
Publica: Diario Correo 31/01/2010
Y es que el también ex alcalde de Magdalena contó los detalles de lo que, al parecer, fue una estancia por demás tortuosa mientras estuvo detenido en una prisión de Miami.
"Estuvimos en una cárcel diseñada para quebrantar la moral de un delincuente avezado. Lo que a mí más me doblegaba era saber que mi esposa estaba padeciendo lo mismo que yo, pues estábamos en ambientes separados", manifestó en entrevista concedida al programa Enemigos íntimos.
Con la voz entrecortada, contó que en la celda que estuvo detenido "había una luz muy fuerte, con un aire acondicionado que te hacía temblar de frío y sin cama, durmiendo en el piso. Además la comida que nos daban era pésima".
Sin poder evitar derramar algunas lágrimas, el ex ministro contó que lo que más le dolía era saber que su esposa, Carla Robbiano, estaba pasando por la misma situación que él.
Publica: Diario Correo 31/01/2010
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