FALTA SISTEMA ÚNICO PARA MEDIR LABOR DE ALCALDES QUE BUSCAN LA REELECCIÓN

Publicado por el diario EL COMERCIO, EL miércoles 29 de setiembre del 2010

Por Elizabeth Salazar Vega

Confundir a un grupo de ciclistas con delincuentes, como lo hizo Manuel Masías (Miraflores), o querer tumbar un monumento en memoria de las víctimas del terrorismo, como intentó Enrique Ocrospoma (Jesús María); son vergüenzas que marcan la gestión de un alcalde.

Pero hay otras que traspasan la línea del escándalo. Ahí está el caso del cuatro veces electo alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, acusado de promover el cambio de zonificación de un terreno para favorecer a un pariente (acusación que él niega); o el de Miguel Ríos, vacado el 2009 en Carabayllo por usar maquinaria edilicia para extraer minerales para su empresa.

Ríos compite de nuevo por el sillón municipal, pues en la documentación que presentó no se incluye ese grave incidente pese a que el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo corroboró (Resolución 254-2009). Ello se debe a que la Ley de Partidos Políticos establece que la hoja de vida solo debe contener sentencias judiciales firmes; y el caso en mención aún se discute en la Corte Suprema.

De los 43 alcaldes con que cuenta Lima, 37 van a la reelección, y otros buscan retomar el puesto. ¿Cómo saber si la gestión fue lo suficientemente buena como para darles otra oportunidad?

“No es obligatorio que los candidatos reporten los procesos que tienen abiertos, ni siquiera pronunciamientos de organismos como la contraloría. No hay una base única para que el votante sepa todo sobre su candidato, sino que debe tratar de indagar por su cuenta”, advierte Samuel Rotta, investigador de Pro Ética.

El caso de Francis Allison, que pretende regresar a la alcadía de Magdalena, y cuya gestión fue acusada de desembolsar de forma irregular S/.567.780, no es el único. Del 2007 a la fecha la Contraloría General de la República encontró actos ilícitos en procesos de selección y pagos irregulares por trabajos no efectuados en la anterior y/o actual gestión municipal de San Juan de Lurigancho, Breña, Ate, Cieneguilla, Barranco, Rímac, La Victoria y Chosica, por lo que dispuso el inicio de acciones legales.

En el portal de normas legales de “El Peruano” se ve que este último concejo, encabezado por Luis Bueno –quien va por su sexta elección– “habría simulado la realización de diversos procesos de selección” por un valor de S/.32.559 y cometió irregularidades en la construcción de un puente que hicieron perder más de S/.62.000.

Augusto Miyashiro, de Chorrillos, es investigado por un supuesto uso de recursos municipales para su campaña anterior; mientras que, como informó este Diario, en Barranco malos funcionarios permitieron el vencimiento de plazos para que constructoras puedan edificar en el acantilado. En Jesús María hubo un desbalance de poco más de 1 millón de soles por cheques no sustentados. Voceros de estos dos concejos indicaron que los culpables fueron retirados apenas se enteraron del hecho,pero el daño se concretó.

En tanto, en San Bartolo, Jorge Barthelmess está vinculado –según el informe 296-2010 de la contraloría– a la irregular licitación de dos plantas de tratamiento de aguas servidas de Sedapal, pues colaboró para que dicha empresa pudiera justificar esta compra, al declarar la emergencia sanitaria del distrito sin que existieran informes que recomendaran tal decisión.

La Defensoría del Pueblo también recoge, en su informe anual, quejas contra gestiones municipales. El 2009, fueron cuestionados los concejos de Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surquillo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Surco, por trabas en la atención de denuncias vecinales, demoras en procesos administrativos o incumplimiento de obligaciones laborales.

Nada de lo mencionado líneas arriba puede ser considerado por el votante porque el candidato no tiene obligación de reportarlo. “La presunción de inocencia persiste. La única forma de evitar que un mal candidato gane es que los medios difundan y que los electores se informen”, dice Alejandro Rospigliosi, secretario técnico del programa Voto Informado, del JNE. Según él, para saber si un candidato merece la reelección hay que revisar en la web si cumplió sus promesas, ver su experiencia laboral y los cambios partidarios anotados en su hoja de vida.

El JNE ha presentado un proyecto de ley para que sea causal de vacancia falsear datos en la hoja de vida, pero desde noviembre este duerme en el Congreso.