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Publicado el 19 de setiembre del 2009 por el diario PERU.21
Publicado el 19 de setiembre del 2009 por el diario PERU.21
Hasta cinco días antes de que se difundieran los audios que revelaron los negociados de Rómulo León y Alberto Quimper, el ministro Francis Allison mantuvo una estrecha relación laboral con la empresa Business Track (BTR), responsable de estas grabaciones.
Según información proporcionada a este diario, la relación contractual entre el hoy titular de Vivienda y BTR se inició en setiembre de 2007 y duró hasta setiembre del año siguiente. Es decir, Allison fue asesor legal de la empresa investigada mientras esta realizaba el espionaje telefónico que, en octubre de 2008, ocasionó la caída del gabinete ministerial presidido por Jorge del Castillo.
Por los informes que presentaba al directorio de BTR, Allison recibía un sueldo de US$2,800, que en un año sumó US$33,600. “Hacía informes tributarios, laborales y administrativos. El contrato acabó después de un año, según lo establecido en un pacto previo”, dijo ayer el titular de Vivienda.
Pero, si la asesoría que prestó era tan transparente como él dice, entonces ¿por qué esperó a que estallara el escándalo de su contrato para recién informar al presidente Alan García y al premier Javier Velásquez Quesquén? Allison respondió que no consideró necesario poner en autos al mandatario al momento de ser designado ministro y que recién lo hizo, en una reunión privada, “hace unas semanas”.
Sin embargo, fue el mismo primer ministro quien, sin proponérselo, le enmendó la plana al indicar que fue el miércoles 16 –un día antes de que una revista local publicara su antigua relación laboral– que reveló su contrato con BTR.Pese a todo, Velásquez Quesquén defendió a su ministro y dijo que “no todos los que realizaron servicios en BTR necesariamente están bajo el manto de la ilicitud”.
AL PODER JUDICIAL. No obstante, las implicancias del contrato del ex alcalde de Magdalena las determinará el Poder Judicial. De hecho, la jueza María Martínez lo citará para que explique los detalles de su convenio laboral con BTR. Según se ha precisado, el interrogatorio se realizará una vez que la magistrada termine con la revisión de los archivos encontrados en los equipos de cómputo incautados a los socios y empleados de BTR.
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